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La 32 del 45: El gobierno de Trump define una emergencia nacional

Vicente Lozano Lovelace  |  15 de marzo 2019

Estados Unidos atraviesa en la actualidad treinta y una emergencias nacionales activas. El mes pasado, el 45º gobierno encabezado por Trump clasificó la migración irregular a través de la frontera entre México y Estados Unidos como la número treinta y dos. Entender la relevancia del protocolo burocrático no deja de ser una minucia, pero esta medida en particular marca un nueva nueva normalidad en Estados Unidos tanto para los ciudadanos como para los que no lo son.

 

Trump otorgó a los ministerios de Defensa, Interior y Seguridad Nacional la autoridad para intervenir en la frontera al “prestar asistencia en sus actividades en la región de la frontera sur al ministerio de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”. Con toda probabilidad, la autorización indefinida se refiere a un muro fronterizo. La declaración invoca el 10 U.S. Code § 2808, esto es, el poder del Secretario de Defensa para llevar a cabo la construcción de proyectos de naturaleza militar durante un estado de guerra o de emergencia nacional. Una cantidad de fondos que se desconoce puede convertirse en 2000 millas de un muro sólido de hormigón de 40 pies de profundidad, una pared de listones instalados en el terreno fronterizo aún vacío, o un batallón desplegado noche y día en el desierto de Sonora para acechar a las familias centroamericanas. Si esta declaración continúa más allá de este gobierno, los presidentes estadounidenses tendrán la capacidad de promulgar unilateralmente cualquier medida sobre seguridad fronteriza sin la aprobación o el control del congreso. La migración irregular de cualquier país a Estados Unidos podría ser una emergencia perpetua.

 

Los autores de la declaración se justifican señalando a la equipación inadecuada del personal de seguridad, la falta de infraestructuras de detención de extranjeros y el aumento de la presencia de “unidades familiares” centroamericanas. Según estos autores, hay un mayor riesgo de que los menores no acompañados y las familias incumplan las leyes y residan en el país sin la documentación apropiada. Los datos sobre cruces de frontera entre 2009 y 2017 confirman un repunte en el número de centroamericanos atravesando la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, la importante investigación de Donald Kerwin para el Center for Migration Studies (CMS) muestra que los cruces irregulares de la frontera entre EEUU y México cayeron en picado a lo largo de la última década. Otra publicación del CMS concluyó que una amplia mayoría de residentes irregulares deben su situación a estancias prolongadas tras expirar sus visados. Estas investigaciones ilustran que una declaración de emergencia nacional puede a veces presentar una lógica errónea.

 

Una emergencia es una situación repentina y peligrosa que requiere una solución inmediata. Los tiroteos indiscriminados, desastres naturales y ataques terroristas son ejemplos claros de emergencias para la comunidad internacional. El incremento de la seguridad y el refuerzo de la preparación de los cuerpos de seguridad locales en caso de emergencia ha cultivado una idea prácticamente universal de lo que es una emergencia. Desde los entrenamientos para la lluvia radiactiva de la Guerra Fría, la constante preparación para la emergencia ha difuminado las distinciones entre la posibilidad del peligro y el peligro real. Las respuestas frente a estas situaciones también han ido cambiando. “Pensamientos y plegarias”, frase que antes transmitía un sentimiento sincero, ha adquirido un tono falso y superficial. Las emergencias nacional pueden representar un peligro real, pero los presidentes no tienen una orientación jurídica para descifrar cuándo es apropiado declarar una emergencia nacional. Un presidente de Estados Unidos que declara una emergencia nacional está usando su propio criterio para juzgar situaciones potencialmente peligrosas.

 

En términos jurídicos, solo el presidente puede declarar, y por lo tanto definir, una emergencia nacional. El presidente Woodrow Wilson emitió la primera declaración de emergencia nacional para abordar la insuficiencia de transportes marítimos para las exportaciones estadounidenses, si bien el Congreso no codificó estas declaraciones hasta 1976. La Ley de Emergencias Nacionales reconoció formalmente esta potestad del presidente, pero la ley siguió sin definir qué es una emergencia ni cuándo debe el presidente declarar una. Los poderes otorgados al presidente durante una emergencia nacional son también vagos y poco claros. La ley permite al presidente redireccionar fondos, personal y otros recursos gubernamentales hacia la solución de un problema grave. Dado que el Congreso es constitucionalmente responsable por estas tareas del gobierno, una declaración de emergencia nacional pone en marcha un arreglo extraño. El presidente se apropia de una autoridad unilateral temporal y luego renuncia a estos poderes propios del legislativo, una vez que el gobierno federal ha resuelto la emergencia. El expresidente George W. Bush declaró una emergencia nacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. El expresidente Barack Obama hizo lo mismo durante una epidemia de gripe A en 2009. Mientras tanto, el legislador sigue confiando en las interpretaciones del presidente de turno para explicar esta regulación imprecisa.

 

La trigésimo segunda emergencia nacional activa ha situado de facto a los migrantes centroamericanos en la misma categoría que el peor atentado terrorista de la historia de EEUU y que un mortal virus de gripe. El propio Trump ha afirmado con frecuencia que sellar la frontera entre Estados Unidos y México es una prioridad para la seguridad nacional que inhibiría la actividad criminal y el narcotráfico. También dijo que no necesitaba declarar una emergencia nacional atendiendo a la prensa tras la declaración, con lo que levantó serias dudas sobre el uso de la interpretación presidencial para detectar una emergencia. El fiscal general de California Xavier Becerra lideró a dieciséis Estados en una demanda a la administración, horas después de la publicación de la declaración. La confesión espontánea de Trump en la Rosaleda de la Casa Blanda seguramente se recogerá en el juicio contra esta trigésimo segunda declaración de emergencia nacional.

 

Los adversarios políticos tienen tres maneras de anular una declaración de emergencia. La Cámara de Representantes votó a favor de bloquear la declaración. El Senado también celebró recientemente una votación al respecto. El presidente, sin embargo, emitirá probablemente un veto para mantener la declaración intacta. Un nuevo gobierno puede permitir que una declaración de emergencia nacional expire. El escenario que probablemente se desarrollará en las próximas semanas y meses es el de una batalla legal prolongada. Un California et al. c. Estados Unidos responderá presumiblemente a dos preguntas: 1) ¿qué es una emergencia nacional? y 2) ¿la migración irregular a través de la frontera entre Estados Unidos y México cumple los requisitos para ser una emergencia nacional dentro de esa definición? El profesor de derecho de la Universidad de Stanford Michael McConnell cree que el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el muro fronterizo como construcción militar. La emergencia nacional número treinta y dos autoriza la jurisdicción militar en la frontera, pero el gobierno federal prohíbe al ejército ocuparse del cumplimiento de la ley desde 1878. Parafraseando al profesor McConnell, el muro no se está construyendo para eludir al ejército mexicano; por lo tanto, el ejército no puede colaborar en la construcción. Si el Tribunal Supremo se pronunciase a favor del gobierno, el muro y la declaración de emergencia nacional que lo sustenta, las Fuerzas Armadas estadounidenses se convertirían en un cuerpo de aplicación de la ley.

 

Las declaraciones de emergencia nacional representan la valoración por parte de un presidente de una cuestión controvertida. ¿La opinión de Trump? Una declaración de emergencia nacional es la solución a los “problemas” de la inmigración y los inmigrantes. La precipitada declaración, la confesión de la Rosaleda y los datos poco concluyentes indican que la interpretación presidencial no es un criterio suficiente para declarar una emergencia.

Entonces, ¿dónde está la verdadera emergencia? Está en las fosas comunes a lo largo de las rutas migratorias en México, en la inestabilidad en Centroamérica y en el gobierno federal buscando activamente imponer la legislación interna a través de la ocupación militar.

Vicente Lozano Lovelace

Vicente estudió en Oxford. Estadounidense de habla hispana, ha publicado y recibido premios. Ha pasado varios años colaborando con ONGs y organizaciones de servicio público directo dedicadas a políticas públicas progresistas. Vicente ambiciona licenciarse en derecho y convertirse en abogado para contribuir al debate sobre las ciudades santuario y otras cuestiones políticas relativas a la movilidad.

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