COVID-19 en Latinoamérica: La pandemia causa una catástrofe económica y sanitaria

ALINIS ARANGUREN, SAMANTA MORALES & SASKIA HARKEMA  |  20 DE JUNIO 2020  |  TRADUCIDO DEL INGLÉS  |  ROUTED Nº10

Imagen de UNICEF Ecuador, 2018. Fuente: Wikimedia Commons.

La movilidad humana en Latinoamérica hoy está marcada por la violación sistemática de los derechos humanos en algunos países de origen. La migración en Latinoamérica con frecuencia tiene lugar a través de “senderos”, caminos irregulares que suelen estar controlados por bandas, cárteles de drogas y grupos que reciben grandes cantidades de dinero para pasar irregularmente a las personas desde las fronteras centroamericanas y Venezuela hacia Colombia, Ecuador o Perú. La mayoría de las personas se marchan sin documentos, pasaportes o registros, hacia lugares donde no hay Estado de derecho, lo que puede resultar en violaciones persistentes de los derechos humanos. Esto deja margen para la trata de mujeres, niñas y adolescentes a quienes se les ofrecen trabajos falsos, para ser después explotadas sexualmente.

 

El COVID-19 ha agravado la situación. El impacto económico del COVID-19 es múltiple: los confinamientos domésticos llevan a una caída inmediata de la actividad económica; la desaceleración de la demanda global afecta a las exportaciones, las remesas, el turismo y las inversiones extranjeras directas en la región; los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, colapsan, aumentando los déficits gemelos; y la volatilidad financiera lleva a la depreciación de la moneda y afecta al valor de los activos financieros. Los confinamientos para mitigar la pandemia han golpeado fuertemente a los trabajadores con salarios bajos y del sector informal. Hasta el 38% del total de los trabajadores (y el 61% de los trabajadores informales vulnerables) no tienen acceso a ninguna clase de protección social. La capacidad limitada de los sistemas de salud y los altos niveles de informalidad en la mayoría de los países aumentan el desafío de la lucha contra la pandemia. Esta región gasta cutro veces menos en atención sanitaria que los países de la OCDE.

 

Empecemos por dibujar el panorama sombrío de lo que está ocurriendo en Venezuela y Centroamérica. En febrero de 2019, 3,4 millones de personas habían huido de Venezuela a otros países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos y España. Según ACNUR, el número de migrantes venezolanos podría llegar a 6,5 millones en 2020 y es uno de los flujos mayores y más acelerados de personas vulnerables en el mundo. En el marco actual del COVID-19, la fragilidad de los derechos de los migrantes venezolanos es visible: estigmatizados en un momento de cierre de negocios y pérdida de empleos en la economía informal, y sin liquidez para sostenerse a sí mismos. Las mujeres, los niños y los adolescentes, expulsados de sus hogares y refugios, desesperados y sin protección social, caen víctimas del virus. 

 

En Centroamérica, la situación no es mucho mejor. El número de personas desplazadas que se dirigían hacia EE.UU. en 2017 llegó a los 3 millones de personas. Se marchaban huyendo de la criminalidad, buscando reunirse con sus familias y buscando empleo. Muchos perdieron sus medios de vida por culpa de las bandas que amenazaban sus vidas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó en junio de 2019 que 497 migrantes perdieron sus vidas tratando de llegar a EE.UU. La mayoría de las muertes fueron registradas en las aguas del Río Grande / Río Bravo, que transcurre entre Texas y los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde 109 personas perdieron sus vidas en 2019, un aumento del 26% desde las 86 muertes registradas en 2018.

 

Una de las víctimas fue una niña indígena de 6 años que murió deshidratada en el estado de Arizona, en el sur de EE.UU., después de cruzar la frontera con México; otra fue una niña menor de doce años de El Salvador, que murió por disparos en el estado mexicano de Veracruz. La patrulla fronteriza estadounidense encontró varios cuerpos en la cuenca del Río Bravo, una situación que se repite todos los años por las fuertes lluvias en la región. “Más de la mitad de las muertes este año (259) fueron causadas por ahogamiento, en hundimientos de embarcaciones en el Caribe o cruces fallidos de ríos. Alrededor de 65 fueron el resultado de accidentes en la carretera y los accidentes en rutas de ferrocarril, la deshidratación o sobreexposición al sol, la violencia y los homicidios, y la enfermedad o falta de atención médica se cobraron unas 20 vidas cada uno”, dijo Joel Millman, portavoz de la OIM. 

 

Los testimonios desde Honduras, Nicaragua y Guatemala ilustran la gravedad de la situación:

 

“Con la pandemia que nos sobrepasa, con el COVID-19, el gobierno de Honduras obliga a la población a confinarse. Pero teniendo en cuenta que hay más de dos millones de personas sin trabajo en el país, sin la ayuda de nadie —ya que el gobierno no tiene seguros de desempleo ni un programa oficial de asistencia social como en Europa—, las personas están obligadas a confinarse sin esperanza de conseguir dinero ni comida. El gobierno ha ofrecido las llamadas Bolsas Solidarias, literalmente una bolsa de tamaño mediano con algunos alimentos, considerada un insulto y una burla a las necesidades de la gente ya que la comida es muy escasa y de mala calidad. En resumen, este es un desastre humano.”

 

Ante la crisis política en Nicaragua, de acuerdo con Naciones Unidas, hay más de 100.000 solicitantes de asilo en el mundo que han huido de Nicaragua emprendiendo viajes peligrosos en busca de seguridad en Belize, Costa Rica, Panamá y Guatemala. “Siempre he sido una luchadora. No voy a quedarme sentada mirando cómo se derrumba mi vida frente a mí”, son las palabras de Sara, una madre de 29 años que huyó con su marido y sus niños después de hacer participado en las protestas en Nicaragua.

 

Guatemala tiene uno de los sistemas de salud peor equipados de Latinoamérica. Además de esto, el 70% de la población trabajadora se enfrenta a una incertidumbre económica extrema sin contratos de trabajo adecuados ni redes de seguridad social.

 

El COVID-19 ha llevado al retorno forzoso de refugiados y migrantes a sus países de origen, sin ningún medio de protección. Tienen que pasar cuarentenas en escuelas y edificios comunitarios en lugares improvisados. El hambre que puede causar la pandemia es el mayor de los miedos. El número de personas que viven en la extrema pobreza en Latinoamérica y el Caribe podría superar los 83 millones este año debido al impacto del COVID-19, provocando un aumento significativo del hambre. Un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe predice una contracción del 5% en la economía y un aumento del desempleo de más del 11%, haciendo que esta sea una de las mayores crisis del último siglo. Se cierne una catástrofe sin precedentes. La falta de oportunidades y de esperanza, la pérdida de empleos y de medios de vida en naciones de instituciones frágiles impulsan la migración hacia países que son también políticamente inestables y que no tienen condiciones socioeconómicas mucho mejores. La pobreza no solo afecta la situación económica de un individuo, sino también su derecho a una vida digna, sin hambre, sin deficiencias educativas, vulnerabilidades ni exclusión social —algo que está hoy en juego en esta región del mundo.

Saskia Harkema, Alinis Aranguren & Samanta Morales

La Dra. Saskia Harkema es CEO y fundadora de Faces of Change. La Profesora Alinis Aranguren Agreda es Profesora de Gobernanza en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y defensora de los Derechos Humanos. Samanta Morales es abogada y defensora de los derechos humanos.

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