Los trabajadores olvidados de las Olimpiadas de Tokio 2020: El drama de los becarios técnicos extranjeros en Japón durante la pandemia de COVID-19

El 12 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente que el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia global. Diez días más tarde, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, inicialmente previstos para los meses de julio y agosto de 2020. La cancelación de las Olimpiadas de Tokio en respuesta a la pandemia ha generado debates y despertado una preocupación sin precedentes en los medios nacionales e internacionales por las enormes pérdidas económicas. Sin embargo, se ha prestado poca atención a las dificultades de los cientos de miles de trabajadores migrantes que iban a hacer posible el sueño japonés de ser sede olímpica. Este artículo trata de documentar las dificultades de los trabajadores migrantes poco cualificados en Japón, los “trabajadores olvidados” de las Olimpiadas, que se han visto gravemente afectados por los múltiples destrozos provocados por la pandemia de COVID-19.

 

La creciente dependencia japonesa de los trabajadores extranjeros queda de manifiesto en el número récord de trabajadores sin la ciudadanía japonesa (1,66 millones en octubre de 2019. En concreto, los becarios técnicos extranjeros (Ginou Jishusei) han funcionado de facto como un batallón de trabajadores migrantes poco cualificados en las últimas tres décadas. El número de becarios técnicos extranjeros ha pasado de 150.000 en 2010 a 410.000 en 2020. Estos trabajadores son contratados en los países asiáticos vecinos, sobre todo China, Vietnam, Filipinas e Indonesia. El rápido aumento de los becarios extranjeros en la última década está ligado al fuerte impulso japonés de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estos migrantes fueron traídos para reforzar los proyectos de infraestructuras a gran escala, las industrias manufactureras y algunos ámbitos del sector servicios, relacionados con las Olimpiadas.

 

Lo que llama la atención del programa japonés de becarios técnicos es la profunda contradicción entre la premisa paternalista (en teoría) de transferir “cualificaciones técnicas y conocimientos” a países de rentas más bajas y el aumento (en la práctica) de los notorios abusos laborales y la discriminación. En el marco de la legislación laboral japonesa, los derechos laborales de los becarios técnicos extranjeros están protegidos. Sin embargo, en realidad, los becarios extranjeros sufren a menudo considerables abusos laborales ilegales por parte de sus empleadores. Estos becarios extranjeros padecen el sufrimiento indescriptible de la servidumbre laboral debido a las deudas acumuladas originadas por las comisiones excesivas previas a su llegada, el miedo a las sanciones de los intermediarios por no completar su contrato de trabajo, y las responsabilidades financieras respecto a sus familiares en los lugares de origen. Ante los abusos y las barreras discriminatorias, no sorprende el aumento el número de becarios técnicos extranjeros que se escapan, ni la alta mortalidad de los becarios técnicos en la última década. En pocas palabras, el sistema japonés de becarios extranjeros produce la propia estructura de vulnerabilidad migrante y falta de derechos, al despojar a los migrantes de la capacidad de reivindicar sus derechos.

 

La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más la inmovilidad estructural de los becarios técnicos extranjeros. Quienes están empleados sobre todo en las manufacturas, la hostelería y el turismo están en una situación de alto riesgo de ser despedidos debido a la recesión económica provocada por la pandemia. Con la reducción de las posibilidades de conseguir ingresos, los becarios extranjeros desempleados y los antiguos becarios que escaparon de sus empleados se han quedado sin acceso a una vivienda asequible, alimentos y ayudas sociales. Los grupos de defensa de los migrantes y los profesionales de la salud han expresado su preocupación por los riesgos sanitarios de los antiguos becarios que no tienen acceso a los servicios de salud. Los antiguos becarios indocumentados están en una situación de gran vulnerabilidad, ya que evitan recurrir a la asistencia sanitaria por miedo a ser deportados. Los trabajadores migrantes, además, no pueden regresar a sus hogares, debido a las prohibiciones de viaje impuestas por sus países de origen a raíz de la pandemia. Las dificultades que experimentan tanto los becarios extranjeros como los antiguos becarios que escaparon se ven agravadas por su endeudamiento prolongado, y especialmente por la presión y amenazas para que paguen las deudas acumuladas que deben a las agencias locales de emigración en sus países de origen.

 

En respuesta a las preocupaciones crecientes por los becarios extranjeros desempleados, desde mediados de abril 2020 el gobierno japonés ha puesto en marcha una serie de políticas de emergencia para hacer más flexible el actual sistema de becarios extranjeros. Estas políticas laborales vinculadas a la pandemia se centran en la flexibilidad del ámbito laboral y las ayudas a la renta. En primer lugar, se permite a los becarios extranjeros desempleados buscar oportunidades de trabajo en un sector distinto al de su empleo original, levantando las restricciones. Estos becarios trasladados pueden permanecer en el país hasta un año. Esta política de traslados de mano de obra intersectorial se concibe como una solución beneficiosa tanto para los sectores que se enfrentan a una escasez grave de mano de obra como para los trabajadores migrantes desempleados.

 

Estos sectores, en especial la agricultura y el cuidado de ancianos, se han visto gravemente afectadas por la prohibición de viajar que ha impedido la entrada de trabajadores en Japón desde marzo de 2020. Por ejemplo, los granjeros de coles de la prefectura de Gunma, en el norte de Tokio, han contratado a 300 becarios extranjeros que originalmente trabajaban en el sector turístico. Según el Ministerio de Agricultura, en abril se prohibió la entrada en Japón de 2400 trabajadores agrícolas extranjeros (incluyendo becarios técnicos) debido a la prohibición de viajar. 

 

En segundo lugar, quienes completaron su contrato laboral y no pueden regresar a casa debido a las restricciones de viaje de los países de origen pueden permanecer en Japón para trabajar con el mismo empleador u otro diferente durante un máximo de 6 meses. En tercer lugar, el gobierno japonés anunció que los becarios técnicos extranjeros quedan incluidos en la distribución de ayudas de emergencia en efectivo por el COVID-19  por valor de 100.000 yenes (unos 910 dólares) por cabeza. Estos paquetes de emergencia han proporcionado un cierto desahogo a los trabajadores migrantes más precarios.

 

Debemos reconocer, no obstante, que estas respuestas de emergencia no se están poniendo en marcha como resultado del compromiso del gobierno japonés por la protección de los derechos de los trabajadores extranjeros. De hecho, estas políticas contribuyen a apuntalar las prioridades económicas nacionales, y sobre todo a minimizar los impactos económicos adversos causados por la triple crisis: la pandemia de COVID-19, la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio y el envejecimiento de la población. Los becarios técnicos extranjeros, situados en el escalón más bajo de la jerarquía laboral, son considerados trabajadores útiles, de bajos salarios y desechables, que pueden ayudar a la gestión japonesa del triple desafío. Así, se espera que los trabajadores migrantes asuman la carga de la pandemia, soportando no solo los despidos abruptos sin ninguna protección laboral, sino también los traslados a otros sectores de salarios bajos sin ninguna seguridad laboral a largo plazo. En definitiva, los trabajadores olvidados de las Olimpiadas de Tokio continúan siendo profundamente vulnerables porque, como becarios técnicos extranjeros, su mano de obra es esencialmente desechable y explotable.

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