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Las imágenes y textos originales son propiedad intelectual de Mauro Biani © 2003-2020, disponibles aquí y reproducidas sin cambios bajo la licencia creative commons BY-NC-ND 2.5 IT.
Recientemente, el debate público en Italia se ha centrado en la necesidad de la intervención estatal para hacer frente a la escasez de trabajadores migrantes en los sectores de la agricultura, empleo doméstico y cuidados. Trabajadores que este año, debido al cierre de las fronteras por la pandemia, no pueden proporcionar su mano de obra a estas industrias. Para evitar la escasez de trabajadores, el gobierno ha decidido proceder a la regularización de un número de personas sin papeles, trabajadores migrantes indocumentados, ya presentes en Italia. Las regularizaciones ad hoc se han aplicado ya en Italia en anteriores ocasiones con resultados dispares. Este artículo analiza el nuevo decreto-ley de regularización aprobado en Italia durante la crisis del COVID-19, que subordina la protección de los derechos humanos de las personas sin papeles a los imperativos económicos de las necesidades del mercado laboral.
La Ministra de Agricultura Teresa Bellanova afirmó que la medida era una oportunidad a aprovechar, en nombre de la legalidad y del respeto por los derechos humanos. Sin embargo, el nuevo decreto ley parece seguir una lógica más utilitaria, orientada a la preservación de sectores productivos en riesgo. Al parecer, aquellos que hasta ahora han sido invisibles, ignorados y olvidados se han vuelto de pronto esenciales, al menos el número necesario para colmar las necesidades del mercado laboral. En este caso, los trabajadores irregulares presentes en Italia son más que suficientes para satisfacer estas necesidades: según algunas estimaciones, los sin papeles son en total unas 600.000 personas.
Las nuevas regulaciones se encuentran en el artículo 103 del Decreto-Ley nº 34/2020, en vigor desde el 20 de mayo de 2020. Los sectores en torno a los que pivota esta legislación son la agricultura, el empleo doméstico y los cuidados precisamente porque son los que concentran los porcentajes más altos de no ciudadanos empleados estacional o temporalmente, de forma regular o irregular. Ante esta situación, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones específicas sobre el funcionamiento del decreto-ley en la práctica. La regularización es posible de dos maneras: en primer lugar, puede ser el empleador quien solicite la regularización de una persona sin papeles, anteriormente empleado de forma irregular, o estableciendo un nuevo contrato regular. En este caso, la persona sin papeles obtendrá un permiso de residencia con fines laborales. En segundo lugar, puede ser la propia persona sin papeles quien solicite la regularización: en este caso, el sujeto obtiene un permiso de residencia temporal específico de seis meses, que podrá luego convertir (si cumple con determinados requisitos) en un permiso de residencia para trabajar.
Teniendo en cuenta el contexto político y de emergencia en el que se ha introducido esta norma, se trata, primeramente, de un procedimiento excluyente: no todos los empleadores tienen acceso al proceso de regularización, ni todas las personas sin papeles pueden tampoco acceder a él. El objetivo es claramente el de limitar las solicitudes; además, la legislación fue creada para satisfacer solo una demanda específica, la de un determinado número de trabajadores necesarios en los sectores que están ahora en riesgo. En segundo lugar, la norma tiene una temporalidad específica: las regularizaciones solo pueden solicitarse en un periodo concreto y, como indicamos arriba, solo tendrán una duración limitada. Dado que obtener un permiso de residencia depende en buena medida de la posibilidad de firmar, en solo seis meses, un contrato de empleo formal, es probable que los migrantes estén dispuestos a aceptar condiciones de trabajo peores para conseguir documentación. Así, esta limitada ventana temporal de acceso al proceso de regularización podría resultar en una mayor vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y contribuir a la reproducción de dinámicas de poder, ya que es el empleador quien determina todas las condiciones, pudiendo aprovecharse de la precariedad de los trabajadores. En tercer lugar, si bien es cierto que algunas personas sin papeles tendrán la posibilidad de aliviar temporalmente su situación de irregularidad, no es menos verdad que sus condiciones laborales de explotación no cambiarán. De hecho, la legislación se refiere solo al contrato de trabajo y por tanto a algunas garantías implícitas (como el salario mínimo), pero esto es claramente insuficiente en los sectores aquí considerados. Numerosos estudios han documentado las condiciones laborales de explotación en el sector agrícola así como en el empleo doméstico y los cuidados: la explotación de los trabajadores es la norma. La cuestión va, por tanto, más allá de la regularización, que es indudablemente necesaria. La nueva legislación no tiene en cuenta las condiciones ya precarias de los trabajadores en estos sectores específicos, fuertemente influidas por distintas formas de opresión, donde el género, la raza y la ciudadanía juegan un papel determinante a la hora de las formas de trabajo.
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En conclusión, ha habido numerosas respuestas al decreto-ley, pero las únicas voces que merece la pena escuchar en este momento son las de las personas sin papeles, miles de personas hechas “invisibles”, que alzan sus voces para protestar. Las reivindicaciones de los invisibili son claras: esto no es solo una cuestión de trabajo y no se trata solo de esta situación específica. Aboubakar Soumahoro, un sindicalista de la Coordinadora de Trabajadores Agrícolas USB y portavoz de la campaña #nonsonoinvisibile (“No soy invisible”), deja claro que con la nueva legislación un ser humano tiene el derecho a existir no por el hecho de “ser”, sino por “hacer” algo útil. Cualquier reforma debe ir más allá de la última norma discriminatoria que promete una regularización temporal solamente para aquellos que trabajan, y solo en algunos sectores. Existe por tanto la necesidad de tener en cuenta el reconocimiento de los derechos legales, la libertad y la autonomía de todos los precarios, migrantes y no migrantes, independientemente de que estén empleados en los sectores ahora en “crisis”. La posibilidad de ser regularizado – porque en un momento concreto las necesidades de producción son imposibles de satisfacer de otra manera – plantea el riesgo de subordinar lo que deberían ser derechos inviolables (como el derecho a un trabajo, a una renta básica, a unas condiciones de vida dignas y al acceso a la sanidad) a los caprichos del mercado.
Asia Della Rosa
Asia realiza un máster en Estudios Étnicos y Migratorios, en el Instituto de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad - REMESO de la Universidad de Linköping, Suecia. Es licenciada en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Universidad de Padua. Le interesan las cuestiones de género, clase y migraciones, con un interés particular en el análisis interseccional de los movimientos de resistencia migrante en Italia. Asia es una apasionada antifascista, activista feminista y trabajadora por los derechos de los trabajadores.
Asher Goldstein
Asher es estudiante de doctorado del Instituto de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad – REMESO en la Universidad de Linköping, Suecia. En su tesis de máster documentó representaciones artísticas del sentimiento de pertenencia de los migrantes en Reino Unido e Italia. Su proyecto de doctorado se dedica a la resistencia transcultural a los sistemas extractivos y el desconocimiento colonial en Canadá y Haití. Le interesa la investigación sobre policía, género y raza, y sobre reacciones culturales y políticas a la migración en la intersección entre desplazamiento, indigenismo y regímenes de memoria nacional.
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