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El statu quo mediterráneo: ¿cooperación europea o solidaridad esporádica?

Hannah Markay  |  15 de febrero 2019  |  Traducido del inglés

El mar Mediterráneo, sin testigos. Foto de Jez Timms en Unsplash

"El barco de una ONG espera en el mar durante días con personas vulnerables a bordo a que se decida un puerto seguro".

"Personas rescatadas son devueltas a Libia, en violación clara del derecho internacional. Quienes están a bordo dicen que preferirían morir a ser devueltos."

 

"La Unión Europea necesita recordar sus valores fundamentales de dignidad humana y solidaridad."

¿Le suena haber leído alguno de estos titulares antes? Es muy probable que lo haya hecho. La situación en el Mediterráneo Central cada vez se parece menos a una realidad gobernada por una política europea coherente, y cada vez más a un fragmento del Día de la marmota – si bien con bastante más litoral.

 

La repetición de estos titulares refleja un tipo de arraigo diferente al que se suele presentar en los debates en torno a migraciones forzosas.

 

En el mar

Tres ONG que operan en el Mediterráneo (Mediterranea, Sea-Watch y Open Arms) han formado una coalición bautizada como United4Med. Esta coalición condena la norma de retorno a Libia, afirmando que el país no es seguro y no se rige conforme al derecho internacional.

 

Desde que el vicepresidente italiano Matteo Salvini cerró los puertos italianos a todas las embarcaciones de ONG que no ondeasen la bandera italiana el verano pasado, cada decisión sobre un puerto de entrada seguro se presenta como una medida inesperada, ad hoc y excepcionalmente compasiva.

 

Recientemente, los barcos de ONG han declarado que el rescate se ha convertido en algo mucho más sencillo que el desembarco. Se ha hecho esperar a los barcos, sin provisiones ni espacio suficiente, hasta 19 días antes de que los Estados miembros de la UE llegasen a un acuerdo sobre un puerto de entrada.

 

Tras rescatar a 47 personas el 19 de enero, Sea-Watch emitió inmediatamente un comunicado de prensa instando a una “rápida solución de acuerdo con el derecho internacional”. A pesar de estas peticiones y numerosas protestas, la embarcación esperó 13 días hasta que finalmente se permitió desembarcar a las personas a bordo en Catania. Seguidamente, el barco fue bloqueado en el puerto bajo la acusación de que presentaba una “amenaza a la seguridad de la navegación”. En la actualidad, no hay ninguna embarcación civil de búsqueda y rescate operativa en el Mediterráneo.

 

La devolución de alrededor de 140 personas a Libia en el Lady Sham el 21 de enero parece ser más bien la norma. Como ocurre a menudo, se dijo a las personas a bordo que se dirigían a Italia. Cualquier rescate en el futuro se arriesga a la misma indecisión y gesticulación entre Estados miembros, sin importar la condición de quienes están a bordo o a quienes se abandona en el agua. Este incidente sólo fue uno de los más publicitados. Se piensa que más de 1400 personas han sido interceptadas por la guardia costera libia en 2019.

 

Los Centros de Coordinación de Búsqueda Marítima (MRCC por sus siglas en inglés) muestran frecuentemente la misma indiferencia. Estos centros deberían ser responsables de responder las llamadas de emergencia en sus áreas de búsqueda y rescate. Hace poco se averiguó que de los cinco números de teléfono a nombre de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas para el MRCC libio, solo uno respondía, y lo hacía únicamente en árabe.

 

En este contexto donde no se comparte la información, las pocas iniciativas de las ONG por aire y mar son vitales no sólo para el rescate, sino también para dar noticia de las muertes que de otra manera podrían pasar desapercibidas. Se estima que más de 6 personas murieron cada día intentando cruzar el Mediterráneo central y occidental en 2018. Ya se han registrado 216 muertes en 2019.

 

Frente a la inercia, una de las embarcaciones de búsqueda y rescate, propiedad de la ONG alemana Sea-Eye, acaba de ser rebautizada Alan Kurdi en honor al pequeño sirio kurdo que la marea arrastró sin vida a las costas turcas en 2015. Su muerte movilizó la conciencia europea y la hizo entrar en acción. Las coaliciones civiles de rescate esperan que el nombre conserve aún esta potencia, mientras planifica retomar su papel como testigo en el Mediterráneo.

 

Confrontados a esta situación en el mar, los Estado miembros evitan un acuerdo formal sobre cualquier materia, sean rutas legales y seguras hacia Europa, la responsabilidad por los rescatados en el mar, la distribución de las personas que llegan, o decisiones sobre puertos de entrada seguros. El único consenso que hay (un tanto encubierto) es sobre el retorno y la disuasión, por todos los medios necesarios, proveyendo desde formación hasta al menos cuatro lanchas rápidas para la guardia costera de Libia. El Comisario Europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, los llamó suavemente “sinergias internacionales”.

En el Parlamento

En medio de todas estas muestras deshilvanadas de responsabilidad parcial tanto en el rescate como en la acogida, la Unión Europea se halla inmersa en varias negociaciones.

 

Después de que el Comisario Europeo Avramopoulos hiciese un llamamiento a acabar con las “soluciones ad hoc y desorganizadas”, la UE está persiguiendo un acuerdo “a prueba de futuro” (aunque provisional) para quienes son rescatados en el mar. Este acuerdo buscaría evitar las situaciones en que los barcos de las ONG pasan días sin poder atracar.

 

Sin embargo, todas las decisiones inminentes parecen quedar subsumidas a dos plazos acuciantes: la incertidumbre que rodea las elecciones de mayo al Parlamento Europeo, y la expiración del mandato de la Operación Sofía.

 

La Operación Sofía fue extendida 90 días, hasta el 31 de marzo. Esta extensión es condicional a futuras negociaciones de la Operación, incluida la provisión de lugares donde los migrantes puedan desembarcar y una revisión del Reglamento de Dublín. Esta revisión trataría de repartir la responsabilidad de acoger a aquellos que necesiten protección entre Estados miembros, en lugar de depender de los primeros países de entrada (mayormente los Estados mediterráneos costeros). Alemania, sin embargo, ha rechazado poner su barco Ausburg a disposición de la Operación, declarando que, con la marina italiana saboteando las misiones de rescate, “no han visto una actuación sensata [de la Operación] en los seis últimos meses”.

 

A pesar de que se sabe poco del contenido de los debates, han surgido dos cuestiones esenciales con respecto al acuerdo de desembarco. La primera es la inclusión de un fondo para el retorno de aquellos a quienes se haya denegado la solicitud de asilo. La segunda es que no se mencionarían las cuotas que han atascado los cambios hasta ahora propuestos al Reglamento de Dublín. Las cuotas adjudicarían a cada Estado miembro un número de personas a las que acoger (o, en este caso, desembarcar), en lugar de asignar la responsabilidad al primer país de entrada. La responsabilidad del rescate o del atraque no se mencionaba. Queda por ver en qué se diferenciaría un acuerdo sin cuotas del actual statu quo de solidaridad esporádica.

 

El mismo día que está previsto que expire la Operación Sofía, la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa al Parlamento Europeo sobre Procedimientos de Entrada Protegida (PEPs). Estos procedimientos permitirían a las embajadas o consulados bien conceder protección nacional a los solicitantes de salido o bien un visado de entrada al país que representan a fin de reclamar protección. Esto permitiría a las personas actualmente en Líbano, Turquía o en los propios países de origen solicitar protección sin exponerse a viajes peligrosos.

 

Aunque la viabilidad de los PEPs ya se exploró en 2002, esta idea ha llevado las negociaciones nada menos que a un “bloqueo político”, en palabras de Moreno-Lax. La moción sufrió un revés en un caso trascendental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que los Estados miembros de la Unión no están obligados por derecho comunitario a emitir visados humanitarios a solicitantes de asilo.

En ruta

 

A la luz de esta decisión, quizás pueda decirse que quienes están verdaderamente “enraizados” no son aquellos de los que se debate en los acuerdos o a los que se abandona en el mar. La política actual refleja un arraigo en la inercia; no en el vínculo inquebrantable de los seres humanos con su lugar de origen. La desigualdad global es tal que las personas en ruta suponen un desafío a la existencia enraizada y cómoda de los otros.

 

Cuando el enraizamiento solo puede atribuirse al letargo político y financiero, ¿no es acaso el momento de ponerse en ruta en una nueva dirección? El Comisario Europeo Avramopoulos ha apelado a todos los Estados miembros a que mostrasen más solidaridad, afirmando que “este es un mensaje que nunca me cansaré de repetir”. Tampoco nosotros. Hasta que se tome una decisión humana sobre los PEPs y los rescates en el mar, estaremos preparados para estar y estamos en ruta.

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Hannah Markay

Hannah realizó un Máster en Antropología Social y Política en la Universidad de Edimburgo, con una estancia de un año en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su Máster en Estudios sobre Refugiados y Migraciones Forzadas, se centró principalmente en investigar vías seguras y legales alternativas para la movilidad. Tras el máster realizó prácticas en Generations For Peace en Jordania y en el Observatorio de Migraciones de Mediterranean Hope en Lampedusa, Italia. En la actualidad está trabajando con el proyecto de corredores humanitarios en Beirut, Líbano. Le gustan el senderismo, cualquier actividad que tenga que ver con el agua, y preguntarse cómo reconciliar el vegetarianismo con las normas del buen invitado.

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